El excalibrador de busetas convertido en agente transito fue condenado a casi siete años de prisión por cohecho propio. Pese a que el fallo inicial se emitió el 30 de abril, la Secretaría de Movilidad lo mantuvo operando en las calles. Su captura es inminente.
Por: Redacción Desdeelcerro.com
La Sala Primera de Decisión Penal del Tribunal Superior de Villavicencio sepultó las pretensiones de impunidad de Jarmac Valencia Cuéllar, uno de los nombres más polémicos de la Secretaría de Movilidad de Villavicencio.
El magistrado ponente Diego Alvarado Ortiz dejó en firme la sentencia condenatoria de primera instancia proferida el pasado 30 de abril de 2026 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito, ratificando que Valencia es penalmente responsable del delito de cohecho propio.
Con esta decisión de segunda instancia, ratificada mediante el Acta No. 57 del 13 de mayo de 2026, el hoy guarda de movilidad deberá cumplir una pena principal de 80 meses de prisión (6 años y 8 meses), pagar una multa de 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes – cerca de $117 millones – y acatar una inhabilitación idéntica para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Al procesado se le negaron los beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que su captura y traslado a un centro carcelario se ordenará en las próximas horas.
Escándalo en la Secretaría de Movilidad: Lo mantuvieron en las calles
Una de las mayores indignaciones que rodea este caso penal es de carácter administrativo. A pesar de que el pasado 30 de abril el juzgado de circuito emitió un sentido de fallo condenatorio contundente, la Secretaría de Movilidad de Villavicencio mantuvo a Jarmac Valencia Cuéllar en funciones operativas en las calles, permitiéndole portar el uniforme e interactuar con la ciudadanía a pesar de los señalamientos y la certeza judicial de su participación en actos de corrupción vial.
Valencia Cuéllar cuenta con un extenso y oscuro historial disciplinario y penal. Fuentes cercanas recuerdan sus inicios en el sector transporte de la capital del Meta, donde pasó de ser un humilde calibrador de busetas en las calles del centro de Villavicencio, a convertirse en un temido, agresivo y denunciado agente de tránsito, además abogado, como él mismo vociferaba, que utilizaba su autoridad y su puesto en provisionalidad (obtenido desde noviembre de 2013) para abusar de los conductores y exigir dádivas aprovechando su potestad funcional.
Billete marcado con el nombre “Gustavo” fue la prueba reina
La investigación, que tardó insólitamente más de una década en resolverse, se remonta a la tarde del 6 de febrero de 2015. En un puesto de control ubicado frente al establecimiento comercial Homecenter en la Avenida 40, Valencia Cuéllar requirió a un ciudadano de nombre Gustavo, quien conducía una camioneta Ford con la licencia de conducción vencida y sin documentos de identidad.
En lugar de aplicar la ley e imponer el respectivo comparendo e inmovilización, el agente lanzó la típica frase de la corrupción organizada: “¿Cómo arreglamos?”.
La víctima relató en el juicio oral que, al no tener más opción, accedió a la extorsión implícita. Sin embargo, en un acto de astucia, Martínez Fonseca ingresó a su vehículo y marcó con esfero los billetes con su propio nombre (“Gustavo”) antes de entregárselos al funcionario “bajito y morenito”, descripción física que correspondía exactamente a Jarmac Valencia.
Tras abandonar el sitio, el ciudadano buscó auxilio de patrulleros de la Policía Nacional. Los uniformados interceptaron al agente de tránsito y lo condujeron al CAI del sector Fundadores. Aunque Valencia se mostraba inicialmente burlón frente a las acusaciones, su actitud cambió drásticamente cuando los policías registraron sus bolsillos traseros y hallaron los billetes marcados con el manuscrito “Gustavo Martínez”. Según consta en el expediente judicial, al verse descubierto, el prepotente agente rompió en llanto y suplicó que no lo denunciaran aduciendo que tenía una familia que mantener, mismo argumento que ha usado su defensa en los estrados judiciales: “Que es padre de familia de cinco hijos y depende de su salario”.
Negligencia y complicidad policial permitieron la impunidad por años
El fallo del Tribunal Superior de Villavicencio también dejó al descubierto la grave complicidad de la fuerza pública en este caso. Los policías que atendieron el procedimiento en 2015, identificados como Edwin Sanabria Cortés y Yilmen Ferney Mora Navarrete, retuvieron al agente corrupto durante dos horas en el CAI Fundadores y, de forma irregular, lo dejaron en libertad tras devolverle el dinero al ciudadano, omitiendo su obligación legal de ponerlo a disposición inmediata de la Fiscalía General de la Nación.
Los uniformados dejaron una anotación en la minuta del CAI detallando el hallazgo de los billetes marcados, pero convencieron a la víctima de no denunciar penalmente bajo la premisa de que “el susto ya había sido lección suficiente”. El Tribunal determinó que este caso habría quedado en la total impunidad si no fuera porque un concejal de la época conoció la anotación del libro oficial de población y radicó un memorial ante el Alcalde, desatando la investigación de oficio.
Debido a las vergonzosas dilaciones del sistema judicial, la Fiscalía tardó años en formular imputación (2017) y el juicio se extendió hasta 2026. Esta alarmante inactividad provocó que la acción penal prescribiera en favor de los dos policías involucrados, quienes se salvaron de responder por el delito de prevaricato por omisión gracias al paso del tiempo.
El Tribunal Superior exhortó enérgicamente a la Policía Nacional, a la Alcaldía de Villavicencio y a la Secretaría de Movilidad para que refuercen de inmediato la formación ética de sus funcionarios y capaciten rigurosamente a los uniformados sobre la obligatoriedad de judicializar los delitos de corrupción en flagrancia. En las próximas horas, Jarmac Valencia Cuéllar dejará finalmente las calles y el uniforme de tránsito para comenzar a pagar su condena tras las rejas de una prisión.
En el fallo en segunda instancia, el Tribunal Superior de Villavicencio, hace un llamado de atención al Juzgado de primer nivel, por las “dilaciones injustificadas” durante este proceso y agrega el fallo: “esta Corporación advierte con preocupación los amplios intervalos d inactividad procesal que se presentaron durante el trámite de este asunto, pues transcurrieron aproximadamente 3 años entre la audiencia de formulación de acusación y la celebración de la audiencia preparatoria, así como otros 3 años entre las primeras y las últimas sesiones del juicio oral”. Situaciones que llevaron a la prescripción que permitió la exoneración de los dos patrulleros de la Policía acusados de Prevaricato por Omisión.
Este caso marca un importante precedente en un tema que, aunque es de conocimiento público, pocas veces los ciudadanos se atreven a denunciar. De manera extraoficial, este medio de comunicación ha conocido que, al menos, otros dos agentes de tránsito —entre ellos una funcionaria ampliamente cuestionada por reiterados abusos e irrespeto hacia los ciudadanos— también habrían sido condenados en primera instancia por la justicia. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad los mantendría aún en las calles de Villavicencio, portando sus uniformes, comparenderas y utilizando vehículos oficiales para seguir “imponer sanciones”.
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