Por: Redacción DesdeElCerro
Las obras de remodelación urbana que se adelantan en el municipio de Acacías están en el centro de la controversia. A los cuestionamientos por la tala masiva de árboles se suman ahora dudas sobre la legalidad de las intervenciones y el manejo de los recursos públicos.
Uno de los principales focos de inconformidad ciudadana es la intervención ambiental en sectores como el malecón, donde se ha registrado la tala de cientos de árboles para dar paso a obras en concreto. Aunque estas acciones cuentan con autorización de Cormacarena, habitantes del municipio han expresado su rechazo por el impacto ecológico generado.
“Lo que queremos cuestionar acá es: ¿qué es lo que llaman desarrollo y qué es lo que llaman remodelación? Cormacarena autorizó la tala de 380 árboles; nosotros calculamos que queden 60 en pie”, afirmó César Jiménez, habitante de Acacías, quien advierte sobre el deterioro ambiental que dejarían estas obras.
La comunidad también ha puesto en duda los estudios técnicos y ambientales que sustentaron la autorización, y ha anunciado posibles denuncias ante los entes de control para que se investigue el alcance real de los impactos generados.
Cuestionamientos al contrato y manejo de recursos
Las críticas también se extienden al marco contractual del proyecto. Según denuncias ciudadanas, las obras se ejecutan en desarrollo del Contrato de Obra 292 de 2025, suscrito entre la Alcaldía de Acacías, el Consorcio Mitigación Acacías 2025 y el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura Sierra Nevada.
Esta última entidad, originaria del departamento del Cesar, ha sido objeto de cuestionamientos por el manejo de recursos de regalías en distintos municipios del Meta y otras regiones del país. De acuerdo con las denuncias, su operación estaría generando inquietudes sobre posibles vacíos en la aplicación de la Ley 80 de contratación pública, especialmente en la asignación de contratos e interventorías.
Sierra Nevada ya se encuentra en la mira de los entes de control, que revisan varios de los más de 150 contratos que maneja en el país, con cifras que superarían el medio billón de pesos.
Dudas jurídicas por propiedad del malecón
A este panorama se suma un hecho que podría escalar a instancias judiciales. Una reconocida familia del municipio asegura contar con documentos que los acreditan como propietarios de una parte del malecón que actualmente está siendo intervenida.
Según se ha conocido, existiría incluso un litigio en curso con la Alcaldía de Acacías, respaldado por documentación que demostraría la titularidad del predio en disputa.
Este elemento abre serios interrogantes sobre la planificación del proyecto y la seguridad jurídica de las obras, en especial si se llegara a confirmar que intervenciones públicas se están ejecutando sobre terrenos de propiedad privada.
Llamado a la vigilancia institucional
En medio de la ejecución de las obras, la comunidad insiste en la necesidad de mayor transparencia, claridad en la destinación de los recursos y responsabilidad ambiental.
Las denuncias anunciadas ante los entes de control buscan establecer si hubo irregularidades en la aprobación de los permisos ambientales, en la estructuración del contrato y en la posible intervención de predios en disputa.
Mientras tanto, el proyecto que busca transformar el espacio urbano de Acacías avanza en medio de crecientes cuestionamientos que combinan preocupación ambiental, dudas jurídicas y alertas sobre el manejo de recursos públicos.



