Durante tres años, 500 familias campesinas de Acacías, Guamal y Villavicencio participaron en el mayor convenio de Pago por Servicios Ambientales (PSA) ejecutado hasta ahora en el departamento del Meta, una estrategia impulsada por la Gobernación del Meta, en alianza con Cormacarena y Ecopetrol, que permitió conservar 7.573 hectáreas de ecosistemas estratégicos y entregar más de $6.000 millones en incentivos económicos a los beneficiarios.
El programa buscó proteger bosques, nacimientos de agua y áreas de importancia ambiental ubicadas en las cuencas de los ríos Guayuriba y Metica, dos fuentes clave para el abastecimiento de agua en buena parte del departamento.
De acuerdo con las entidades involucradas, durante la ejecución del convenio se realizaron 18 desembolsos de recursos a las familias vinculadas, dinero que fue destinado a fortalecer proyectos productivos, mejorar la seguridad alimentaria, facilitar el acceso a salud y educación, además de generar ingresos para quienes asumieron compromisos voluntarios de conservación.
Además del incentivo económico, el programa incluyó un componente de formación. Más de 700 personas participaron en 18 jornadas de capacitación sobre conservación de la biodiversidad, ganadería sostenible, apicultura, manejo de residuos, aprovechamiento forestal, protección de fuentes hídricas y uso de herramientas tecnológicas para el monitoreo ambiental.
El secretario de Ambiente del Meta, Manuel Sánchez, aseguró que el convenio representó un reconocimiento al trabajo que durante años han realizado las comunidades rurales en la protección de los bosques y destacó que este tipo de alianzas permiten combinar la conservación ambiental con oportunidades de desarrollo para las familias campesinas.
Los resultados también se reflejan en la recuperación y protección de los ecosistemas. Según el balance presentado, el proyecto contribuyó a conservar coberturas boscosas, proteger nacimientos de agua, favorecer la permanencia de fauna silvestre, impulsar procesos de restauración ecológica y reducir la presión causada por la deforestación y la expansión de la frontera agrícola.
Entre las beneficiarias está Rosa González, campesina de Villavicencio, quien afirmó que los recursos recibidos les permitieron construir infraestructura para su finca, fortalecer su actividad productiva y comprender el valor de conservar los bosques que rodean su predio.
Con el cierre de este convenio, la Gobernación del Meta, Cormacarena y Ecopetrol destacan que el departamento consolida uno de los programas de Pago por Servicios Ambientales más ambiciosos de la región, una estrategia que buscó demostrar que la protección de los recursos naturales también puede convertirse en una fuente de ingresos para las comunidades rurales y en una herramienta para fortalecer la seguridad hídrica del Meta.
