Por: Melissa Céspedes | @melissa_periodista
Durante un debate de control político en el Concejo de Villavicencio, liderado por el concejal Gustavo Basto, se evidenció la crítica situación de los proyectos de vivienda en la ciudad, muchos de ellos detenidos o con graves retrasos debido a decisiones administrativas.
El principal señalamiento recayó sobre Alonso Garay, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano Piedemonte, a quien se acusa de poner trabas y frenar el avance de proyectos heredados de la anterior administración. “No se han querido tramitar, hay un embeleco jurídico y la comunidad sale con más dudas que certezas”, afirmó Basto, quien además solicitó una moción de censura para que el alcalde pueda nombrar a un nuevo gerente.
“Para que el alcalde pueda prescindir de sus servicios y que llegue a ese cargo una persona idónea, capaz, que tenga la disposición, la experiencia y la actitud de querer resolver los problemas de vivienda, entonces será decisión del alcalde, decidir si quiere que su plan de desarrollo avance de manera significativa en materia de vivienda” señaló.
Según los concejales, la administración municipal no tiene una hoja de ruta clara frente a proyectos como Santa Helena y La Corocora, en los que se han presentado irregularidades económicas y falta de garantías. Por su parte, La Victoria muestra más avance, ya que, dos torres se entregarán en agosto. Sin embargo, varias personas, incluyendo madres cabeza de hogar y víctimas del conflicto armado, expresaron su inconformidad por el manejo del proceso, los constantes cambios en la asignación, la reubicación y los sobrecostos acumulados que hoy ascienden, según la comunidad, a más de 50 millones de pesos.
“Estamos inconformes con este proyecto porque no nos han solucionado nada, entonces no pueden decir que estamos felices porque aún no tenemos la vivienda en nuestras manos, no tenemos un techo y no podemos cantar victoria. Hay incertidumbre entre las personas que están pagando impuesto, arriendo, préstamos e intereses”, afirmó Sandra Milena, beneficiaria del proyecto La Victoria.
Por su parte, Alonso Garay respondió a los señalamientos indicando que se logró la recuperación del proyecto La Victoria gracias a un aliado que ha invertido más de 8 mil millones de pesos. Sobre los demás proyectos, explicó que, “recibimos proyectos como Santa Ana con delicados problemas jurídicos y administrativos. Cocorocoras y Santa Ana, el aliado hoy no tiene con qué responder y tenemos serios problemas jurídicos que no nos permiten avanzar”.
Además, indicó que en algunos casos, los aliados no cuentan con pólizas, créditos o fiducias, y que en Santa Ana, incluso hay recursos extraviados.
Finalmente, Garay cuestionó las exigencias hacia su administración, al comparar con anteriores gobiernos, “por lo general los proyectos se entregan en el tercer y cuarto año. El gobierno nacional hoy no está aportando subsidios y eso dificulta para la gente el acceso a la vivienda. Construir vivienda es muy costoso y ese costo hace que se deba planificar bien el proyecto para poderlo concluir”.
