El proceso de revocatoria del mandato del alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero Sanabria, dio un paso clave tras la validación del proceso de recolección de firmas por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De acuerdo con el informe técnico presentado por la coordinadora del grupo de verificación de firmas, Marta Lucía Isaza Rodríguez, el comité promotor entregó un total de 81.810 firmas. Luego del proceso de revisión, fueron validadas 30.262, cifra que supera el umbral exigido por la ley para continuar con el trámite.

Sin embargo, el proceso también dejó en evidencia un alto número de inconsistencias: más de 50.000 firmas fueron descartadas por la Registraduría debido a irregularidades detectadas durante la verificación, entre ellas posibles datos incompletos, inconsistentes o no válidos.

Inconformidad ciudadana, telón de fondo

Este avance en la revocatoria se da en un contexto de creciente inconformidad ciudadana frente a la gestión del actual mandatario.

Según la más reciente encuesta de la firma Cifras & Conceptos para la Revista Llano 7 Días, el 68% de los ciudadanos tiene una imagen desfavorable del alcalde, un dato que evidencia el desgaste político de la administración en menos de dos años de gobierno.

El estudio también refleja que los principales factores de insatisfacción de los villavicenses están relacionados con problemas estructurales que siguen sin resolverse, como el acceso y la calidad del servicio de agua potable, así como el aumento en la percepción de inseguridad en diferentes sectores de la ciudad.

En materia de agua, persisten las quejas por intermitencias en el servicio y fallas en la cobertura, mientras que en seguridad, los recientes hechos de violencia y hurtos han incrementado la sensación de vulnerabilidad entre los ciudadanos.

Estos elementos han sido determinantes para que sectores sociales y ciudadanos impulsen el mecanismo de revocatoria, argumentando incumplimientos en el programa de gobierno y falta de resultados frente a las principales problemáticas de la ciudad.

Lo que sigue en el proceso

Con este aval de la Registraduría, la iniciativa ciudadana avanza a una nueva etapa. Ahora, el proceso queda en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad encargada de revisar y certificar los estados contables de la campaña de recolección de firmas.

Una vez el CNE emita su concepto favorable, la Registraduría deberá expedir la resolución oficial que convoque a los ciudadanos a las urnas, donde se definirá si el mandatario continúa o no en su cargo. En ese mismo acto se establecerá la fecha de la votación.

Este mecanismo de participación ciudadana, contemplado en la ley colombiana, permite a los electores decidir sobre la continuidad de sus gobernantes cuando consideran que no se ha cumplido el programa de gobierno o existen razones de inconformidad generalizada.

La ciudad queda ahora a la expectativa de los tiempos institucionales que definirán el futuro político de la administración municipal, en un ambiente marcado por el descontento ciudadano.