La investigación fue comunicada oficialmente por la entidad a través de sus canales institucionales, como parte de sus acciones de vigilancia preventiva sobre el uso de recursos públicos, particularmente aquellos provenientes del Sistema General de Regalías.

El Ministerio Público indaga si se cumplió con los requisitos legales para la viabilización, priorización y aprobación del proyecto, y si hubo un proceso transparente y plural en la selección del ejecutor. Además, se busca determinar si la Alcaldía y el Fondo Mixto entregaron la información correspondiente al estado de ejecución contractual y de la consultoría, así como la documentación exigida en las etapas precontractual y contractual.

De acuerdo con los denunciantes, el contrato —cuya fecha de firma aún no ha sido revelada por fuentes oficiales— podría haber vulnerado principios fundamentales de la contratación estatal, como la transparencia, la selección objetiva y la gestión fiscal.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Villavicencio decretó la práctica de pruebas para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades.