El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, lanzó una alerta a través de redes sociales al denunciar que el Gobierno Nacional pretende trasladar a los municipios la responsabilidad de asumir la alimentación de las personas privadas de la libertad de forma transitoria, lo que significaría una nueva carga económica para las administraciones locales.

Según el mandatario, en Villavicencio hay entre 800 y 1.000 personas sindicadas, lo que implica atender diariamente al menos 3.000 raciones alimentarias. Esta operación demandaría cerca de $10.000 millones anuales, una suma que el municipio actualmente no tiene cómo asumir.

“No hay recursos porque el municipio no es uno con capacidad económica y financiera fuerte”, señaló Baquero. “Esto nos afecta sustancialmente, porque nos obligaría a quitar, por ejemplo, el asfalto de la ciudad. Entonces, nos preocupa mucho”.

El alcalde aseguró que ya se han hecho llamados formales al Ministerio de Justicia, a la Defensoría del Pueblo y a otras autoridades competentes, buscando evitar que esta carga recaiga en la ciudad sin respaldo presupuestal. “Estamos haciendo todo lo pertinente, pero no tenemos cómo garantizar la alimentación de las personas que están en los centros de detención temporal”.

Baquero también denunció que programas financiados anteriormente al 100% por el Gobierno Nacional ahora han sido trasladados parcialmente a los entes territoriales, como ocurre con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la vigilancia, el aseo y la conectividad en colegios. “Cada vez nos trasladan más responsabilidades a las alcaldías y no tenemos la capacidad, porque los recursos están allá”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a que la descentralización de tareas venga acompañada de la descentralización de recursos: “Así como se asignan funciones, se deben asignar los fondos para cumplirlas”.