Canacol Energy denunció formalmente ante la Fiscalia General de la Nación al indígena del Cabildo Monte grande en el departamento de Sucre, Daniel Arrieta Madarriaga, por sus exigencias y actos vandálicos contra los bienes de la empresa al no acceder esta a sus pretenciones para el pago de un millón de dólares, para permitir la perforación de un pozo del proyecto Sucre Norte, ubicado en San Marcos (Sucre).

Las acciones de este hombre calificadas por la empresa como extorsión, también incluyen  cinco máquinas quemadas, incluidas una volqueta, dos retros, una vibro y una motoniveladora lo que ha generado grandes pérdidas.

El proyecto, respaldado formalmente por el Cabildo Indígena Monte Grande, está siendo bloqueado por exigencias personales de Arrieta, lo que afecta el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades locales. A pesar de los intentos de diálogo con las autoridades locales, el conflicto persiste, y la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) busca restablecer el orden público.

La denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, la empresa solicita cargos por extorsión, fraude a resolución judicial y violación a la libertad de trabajo. La compañía subraya que estas acciones no representan la voluntad colectiva de la comunidad indígena, sino decisiones individuales que violan la ley colombiana.

Este incidente pone de manifiesto la creciente problemática que enfrentan las empresas privadas en Colombia, especialmente en áreas donde la explotación de recursos naturales entra en conflicto con los derechos de los pueblos indígenas quienes abusan de la protección del gobierno y violan derechos fundamentales de empresas y comunidades vecinas. Las autoridades colombianas deben garantizar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos, sin permitir que unos pocos individuos impongan sus intereses personales en nombre de comunidades enteras.