Contraloría detecta irregularidades por $160 mil millones en compra de tierras para la Reforma Rural
Predios improductivos, ocupaciones ilegales y retrasos en la entrega afectan la implementación del acuerdo de paz.
Un nuevo capítulo de irregularidades sacude la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por $160 mil millones en la compra de predios destinados a la Reforma Rural Integral (RRI), eje clave del Acuerdo de Paz.
El informe, basado en una fiscalización realizada de las vigencias 2022 a abril de 2024, expone serias anomalías en la adquisición y adjudicación de tierras, comprometiendo la efectividad de la reforma y el adecuado uso de recursos públicos.
Las irregularidades detectadas
1. Tierras compradas sin vocación agropecuaria
Predios con suelos inadecuados para la agricultura y ganadería fueron adquiridos pese a las restricciones legales. En varias regiones, más del 50% de la superficie de los terrenos comprados está clasificada como suelo clase VII, prohibido por la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014. En algunos casos, 30% de la extensión corresponde a humedales, lo que impide su uso productivo.
El daño económico por esta deficiente planeación asciende a $43.306 millones y pone en entredicho la transparencia en la gestión del Fondo de Tierras.
2. Predios invadidos por falta de control
La ausencia de vigilancia y medidas de protección permitió la ocupación ilegal de terrenos adquiridos, dejando en el aire la destinación de estas tierras para las comunidades campesinas. Esta negligencia representa un detrimento patrimonial de $5.646 millones y afecta directamente a familias que esperan acceso a tierras prometidas.
3. Retrasos que frenan el desarrollo rural
El informe evidencia demoras alarmantes en la entrega de predios a campesinos y comunidades étnicas. De los 205 terrenos ingresados al Fondo de Tierras, apenas:
12,2% fueron adjudicados a campesinos,
5,3% a comunidades indígenas,
1% a comunidades negras.
Solo el 18,5% de los predios ha sido formalmente transferido, lo que ha generado costos adicionales para la ANT y un detrimento de $110.322 millones por tierras compradas pero no utilizadas.
Investigación en curso
La Contraloría solicitó la apertura de una indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio contra los responsables. Además, 10 de los 14 hallazgos administrativos tienen posibles implicaciones disciplinarias.
