La ampliación y adecuación de la Calle 35 o Avenida Catama, una de las obras más importantes impulsadas por la administración del alcalde Alexander Baquero, enfrenta ahora un obstáculo judicial. Dos jueces de Villavicencio ordenaron suspender las actividades de tala de árboles previstas dentro del proyecto vial que se desarrolla entre la estación de Bomberos y el antiguo Hotel Rosado.

Por un lado, el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Villavicencio adoptó medidas dentro de una acción de tutela promovida por la Fundación Jurídica Popular de Colombia. De manera paralela, el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento ordenó la suspensión inmediata de las actividades de aprovechamiento forestal como medida provisional dentro de una tutela presentada por la ciudadana Maira Alejandra Chaquea Leal.

Las decisiones representan un nuevo revés para la administración municipal y para Cormacarena, entidades que han defendido la legalidad de los permisos otorgados para intervenir este importante corredor vial de la ciudad. El proyecto, valorado en más de 30.300 millones de pesos, contempla la adecuación de la calzada y del espacio público en la Calle 35 y ha estado rodeado de controversia debido a la autorización para talar 88 árboles.

La polémica inicialmente surgió entre comerciantes del sector, quienes manifestaron su preocupación por las afectaciones económicas que podría generar la ejecución de las obras. Con el paso de los días, el debate se amplió y comenzó a involucrar a organizaciones ambientales, veedurías ciudadanas y líderes comunitarios que cuestionan la necesidad de la tala y la forma en que fueron expedidos los permisos ambientales.

A las acciones judiciales ahora se suma un nuevo frente de cuestionamientos. La Veeduría Popular de Villavicencio, el Colectivo Árboles de Villavicencio, la Red de Consumo Consciente y un amplio grupo de ciudadanos radicaron este 16 de junio ante la Procuraduría Judicial Ambiental un informe técnico-jurídico en el que documentan presuntas irregularidades relacionadas con el proceso de aprovechamiento forestal autorizado para la obra.

Según los denunciantes, durante las verificaciones realizadas en campo se identificó un árbol que fue clasificado como especie exótica, pero que correspondería a un Cedro Amargo (Cedrela odorata), especie catalogada en peligro de extinción según el Libro Rojo de Colombia elaborado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI. De igual forma, aseguran que algunos árboles ya talados no estaban incluidos dentro del permiso expedido por Cormacarena y sostienen que el diseño paisajístico que serviría como soporte para las compensaciones ambientales no existía al momento en que fue solicitado el permiso de tala.

Las protestas ciudadanas realizadas durante los últimos días también han contado con el respaldo de sectores políticos críticos de la administración municipal, que han acompañado las manifestaciones y han solicitado la suspensión de las intervenciones hasta que exista claridad sobre las denuncias presentadas por las organizaciones ambientales y ciudadanas.
Las medidas judiciales cobijan a Cormacarena, Alcaldía de Villavicencio, el contratista y la interventoría encargados del proyecto denominado “Calle 35”, quienes deberán abstenerse de continuar con las actividades de aprovechamiento forestal mientras se resuelven de fondo las acciones constitucionales.

La suspensión ordenada por los jueces comienza a generar incertidumbre sobre el cronograma de ejecución de la obra. Precisamente, uno de los mayores temores expresados desde el inicio por los comerciantes de la zona era que las controversias jurídicas, las protestas y eventuales decisiones judiciales terminaran provocando retrasos en los trabajos, prolongando las afectaciones económicas para los establecimientos ubicados a lo largo de este importante corredor vial.

Mientras avanzan los procesos judiciales y los organismos de control evalúan las denuncias presentadas, las actividades relacionadas con la tala permanecerán suspendidas.

El caso se ha convertido en uno de los principales focos de controversia en los últimos días para la administración de Alexander Baquero, al poner sobre la mesa un debate cada vez más intenso entre la necesidad de ejecutar obras de infraestructura para mejorar la movilidad y la obligación de proteger el patrimonio ambiental urbano y garantizar el cumplimiento de los procedimientos legales y técnicos exigidos para este tipo de intervenciones.