Por: Fernando Saavedra López | Comunicador Social
El presidente Abelardo de la Espriella arrancó su gobierno con un mensaje de línea dura frente a las estructuras armadas ilegales y con una promesa dirigida especialmente a los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía: tendrán respaldo político y garantías jurídicas para actuar contra el crimen.
Durante su discurso de posesión, el mandatario impartió una “orden perentoria” a la Fuerza Pública para combatir a las organizaciones criminales y de narcoterrorismo. Advirtió que sus integrantes tendrán dos opciones: someterse al imperio de la ley o enfrentar la acción del Estado.
“Que no se equivoquen, el tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano”, afirmó.
La postura marca un contraste con las fuertes críticas que recibió el gobierno anterior por su política de seguridad y, particularmente, por las restricciones o condiciones bajo las cuales se desarrollaron algunas operaciones contra estructuras armadas.
Uno de los episodios que alimentó ese debate fue el denominado caso de los “congelados”, expresión utilizada para referirse a operaciones contra organizaciones criminales que habrían quedado suspendidas o limitadas dentro de la política de seguridad implementada durante la administración saliente. El tema generó cuestionamientos sobre hasta dónde podían actuar los uniformados frente a determinados grupos mientras avanzaban procesos de diálogo o acercamiento con organizaciones ilegales.
En ese contexto, el nuevo mandatario aseguró que “la opción del diálogo está completamente agotada” y anunció que su gobierno expedirá un listado de grupos narcoterroristas con el propósito de entregar a la Fuerza Pública herramientas para lo que calificó como un “combate frontal del crimen”.
De la Espriella también anunció la construcción de megacárceles para recluir a quienes representen una mayor amenaza para la seguridad y prometió proteger jurídicamente a los militares y policías que actúen en cumplimiento de sus funciones.
“Conmigo como comandante supremo de las Fuerzas Armadas tendrán a un defensor de todas las horas”, aseguró.
El mensaje apunta a uno de los principales cambios que el nuevo gobierno pretende imprimir en materia de seguridad: pasar de una política cuestionada por sectores de la oposición por sus límites a la acción militar y policial, a una estrategia de confrontación directa contra las estructuras criminales.
Ahora el desafío será convertir ese discurso en operaciones concretas, sin apartarse del orden jurídico, y demostrar que el anunciado respaldo a la Fuerza Pública se traduce en capacidad efectiva para recuperar el control territorial.
