Villavicencio. Una advertencia pública sobre el futuro de la Electrificadora del Meta (EMSA) encendió las alarmas en el departamento. Accionistas de la compañía señalaron que existen movimientos al interior de la junta directiva que podrían comprometer la estabilidad, la transparencia y el modelo de gobierno corporativo de una de las empresas más estratégicas de la región.
A través de una carta dirigida a la opinión pública, firmada por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano; el presidente del Grupo Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega; el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Alberto Bahamón; el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero; y el alcalde de San Martín, John Germán Ramírez, se expone la preocupación por un eventual cambio en los procesos de selección de directivos.
Según el documento, el accionista mayoritario —el Gobierno Nacional— posee cerca del 55,67% de las acciones, lo que le otorga control decisorio en la asamblea. En ese contexto, los firmantes advierten que se estaría impulsando una modificación al modelo actual de selección, basado en procesos técnicos adelantados por firmas especializadas e independientes.
Actualmente, la empresa es liderada por el gerente Edwin David Guzmán Bohórquez, cuya eventual salida anticipada —según denuncias conocidas públicamente— haría parte de los cambios que estarían en discusión. De fondo, los accionistas advierten que esto buscaría dejar designado un gerente afín al Gobierno Nacional antes de que finalice el mandato del presidente Gustavo Petro.
Modificar el modelo de selección, señalan, podría “abrir la puerta a una mayor injerencia política en la administración de la EMSA”.
Riesgos y advertencias
La alerta va más allá de un ajuste administrativo. Los accionistas advierten que la eventual reforma podría debilitar principios como la imparcialidad, la autonomía y el equilibrio en la toma de decisiones, afectando especialmente los derechos de los accionistas minoritarios.
“Cuando se cambian las reglas y se reemplazan procesos técnicos por mecanismos menos claros, el riesgo deja de ser hipotético y se vuelve real”, señala la carta, en la que también se advierte sobre posibles impactos en la gobernabilidad de la empresa y en la confianza de ciudadanos e inversionistas.
Un debate con implicaciones nacionales
El caso trasciende el ámbito regional. Los firmantes advierten que cambios en las reglas de juego de empresas públicas pueden afectar la seguridad jurídica y la confianza institucional, especialmente en sectores estratégicos como el energético.
Asimismo, recordaron que experiencias similares en el país han derivado en deterioro del servicio, pérdida de confianza y afectaciones económicas para los usuarios, por lo que hicieron un llamado a la vigilancia de las autoridades y a la responsabilidad de todos los accionistas.
“La Electrificadora del Meta debe seguir siendo ejemplo de transparencia, rigor técnico y servicio a la región”, concluye el documento.
