En el primer punto del pronunciamiento, los gobernadores advierten que en una democracia sólida, los desacuerdos políticos no deben traducirse en presiones o amenazas. Señalan como preocupantes las afirmaciones del presidente Petro que “sugieren represalias presupuestales contra el Valle del Cauca”, y consideran que tales posturas violan principios fundamentales de la Constitución de 1991, como la descentralización y el respeto por la autonomía regional.

En lugar de confrontación, los gobernadores promueven un diálogo institucional sereno y respetuoso, que permita superar diferencias políticas sin afectar el bienestar de las regiones. El comunicado destaca que las controversias no pueden ser causa de exclusión, y recalca la importancia de la unidad nacional por encima de intereses partidistas.

La declaración también advierte sobre el riesgo de que el Ejecutivo interfiera en el trabajo independiente del Congreso de la República. En ese sentido, rechazan cualquier señalamiento que busque responsabilizar al Legislativo por decisiones que le son propias dentro de su marco institucional.

Los gobernadores expresaron su solidaridad con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y rechazaron los señalamientos en su contra. Subrayaron que ningún departamento debe ser objeto de represalias por su orientación política, y recordaron que la ejecución del Presupuesto General de la Nación y del Plan Nacional de Desarrollo no puede ser condicionada políticamente.

En su parte final, el comunicado enfatiza que el desarrollo regional debe estar guiado por criterios técnicos y por el interés general, no por agendas particulares. Los mandatarios reiteran que el acceso de la ciudadanía a obras, programas y presencia estatal es un derecho, no una dádiva.

“Los gobernadores de Colombia reafirmamos nuestro compromiso con los ciudadanos, con todos los niveles del poder público y con nuestras Fuerzas Militares y de Policía, para seguir trabajando por un desarrollo armónico para el país”, concluye la declaración.

El pronunciamiento surge en un momento de tensión entre el Gobierno nacional y algunas autoridades locales, especialmente en departamentos gobernados por sectores políticos ajenos al oficialismo. La discusión vuelve a poner en la agenda pública la importancia del respeto a la descentralización y al principio de equidad territorial en la gestión pública.