Disidentes de alias “Iván Mordisco” podrían haber sido “envenenados” en el Guaviare.

Por: Redacción DesdeElCerro

Desde el viernes, el sur del departamento del Guaviare volvió a quedar en el centro del mapa del conflicto armado en Colombia. En la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno, comenzaron a circular reportes sobre un número inusualmente alto de personas muertas, halladas a un costado de una vía rural, dispuestas en fila, en un hecho que de inmediato despertó alertas entre las autoridades y la población civil.

Las primeras informaciones apuntaban a enfrentamientos entre dos Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-r), disidencias de las antiguas Farc: por un lado, la estructura Isaías Carvajal, del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de alias Calarcá; y por el otro, la subestructura Martín Villa, del Bloque Amazonas, facción de alias Iván Mordisco. De manera preliminar, se habló de cerca de 30 combatientes muertos.

Horas después, el Ejército Nacional confirmó la situación a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social X. Según la institución, tropas de la Brigada 22 de Selva adelantaban labores de verificación en la zona, tras reportes de “la muerte de varias personas” en el marco de “posibles confrontaciones” entre las dos facciones disidentes. La información inicial indicaba que los cuerpos corresponderían, en su mayoría, a presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa.

El Ejército señaló además que estos hechos estarían motivados por la disputa por el control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en el sur del Guaviare, una región históricamente golpeada por la presencia de actores armados ilegales y la débil presencia estatal. Desde la noche anterior a conocerse los hechos, se realizaron sobrevuelos de reconocimiento con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y se desplegaron tropas y capacidades de inteligencia militar, mientras se reforzaban las medidas de protección a las comunidades cercanas.

El domingo, una comisión de la Defensoría del Pueblo logró llegar hasta el lugar de los hechos. Según información conocida por este medio, los cuerpos fueron recogidos y trasladados hasta San José del Guaviare en embarcaciones de la Armada Nacional, a través del río Guaviare. En la capital departamental, funcionarios del CTI de la Fiscalía y unidades de policía judicial realizaron una primera inspección a 26 cadáveres, todos con impactos de arma de fuego.

Sin embargo, mientras avanzaban las diligencias preliminares, comenzó a circular otra versión entre habitantes del Guaviare y algunas fuentes locales: que las víctimas no pertenecerían a la facción de Iván Mordisco, sino a estructuras de Calarcá, y que habrían sido envenenadas o sedadas antes de ser rematadas con tiros de gracia. Esta hipótesis, hasta ahora, no ha sido confirmada por ninguna autoridad judicial.

Este lunes, los 26 cuerpos sin vida, 21 hombres y cinco mujeres, fueron trasladados a Villavicencio, a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Allí, con apoyo de médicos forenses de municipios cercanos y refuerzos enviados desde Bogotá, comenzaron las labores de necropsia, que permitirán establecer con precisión las causas de la muerte y avanzar en la identificación de las víctimas.

Ya entrada la noche, un nuevo elemento elevó la tensión alrededor del caso. A través de una cuenta en la red social X, se difundió un comunicado atribuido al “Secretariado del Estado Mayor Central de las Farc”, en el que se afirma que la muerte de los combatientes se produjo mediante “envenenamiento o sedación”, y se señala a la organización de alias Calarcá de haber actuado en confabulación con tropas de la Brigada 22 de Selva durante esta operación.

El comunicado va más allá y lanza duros cuestionamientos al Gobierno nacional y al proceso de diálogos. “Ya es sabido que Gustavo Petro ha transformado esa mesa de diálogos en un puesto de mando unificado desde donde se planifican operaciones militares contrainsurgentes”, señala el texto, que además convoca a organizaciones sociales, a la comunidad internacional y a la Iglesia católica a replantear su participación en la mesa, a la que califican como una “farsa”.

Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a estas acusaciones ni sobre los señalamientos contenidos en el comunicado de las disidencias. Mientras tanto, el episodio abre un nuevo y complejo capítulo en la confrontación interna entre los grupos armados ilegales que se disputan el control del sur del Guaviare, una región donde la guerra, una vez más, vuelve a imponer su lógica de muerte e incertidumbre.

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