La Gobernación del Meta mantiene desplegada una estrategia de atención en los municipios más afectados por la temporada invernal, con ayuda humanitaria, asistencia técnica y gestión de recursos para la recuperación del campo.
Las lluvias de los últimos días ya dejan afectaciones en los 29 municipios del Meta y han llevado a 14 localidades a declarar la calamidad pública, principalmente por daños en sectores como agricultura, vivienda, educación, servicios públicos y conectividad.
Ante este panorama, la Gobernación, bajo el liderazgo de la gobernadora Rafaela Cortés, ha articulado acciones con alcaldías, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres —UNGRD—, organismos de socorro y la Fuerza Aérea Colombiana.
Una de las respuestas más recientes fue el traslado por vía aérea de 200 kits de alimentos y aseo a comunidades rurales de Acacías y El Castillo que permanecen incomunicadas y a las que no es posible llegar por carretera. La ayuda fue distribuida en las veredas Manzanares, Los Pinos, Portachuelo y El Reposo.
La atención también se trasladó al Ariari, donde equipos técnicos de la UNGRD realizan visitas junto con funcionarios departamentales para evaluar los daños y establecer las necesidades de intervención. Además, se avanza en la identificación y georreferenciación de los puntos que requieren maquinaria amarilla para recuperar vías y conectividad.
Pero la emergencia no solo representa un problema de movilidad y atención humanitaria. El impacto sobre el sector agropecuario llevó al Gobierno Departamental a gestionar medidas financieras para los productores afectados. Como resultado, el Banco Agrario habilitó 180 días de gracia para créditos vigentes y el congelamiento de intereses de mora durante 90 días, además de jornadas de normalización de cartera y orientación para nuevos créditos.
La Gobernación también presentó ante la Mesa de Crisis Nacional el balance de las afectaciones y solicitó la creación de una bolsa de recursos destinada a respaldar y reactivar a los productores del departamento.
Así, mientras continúan las evaluaciones en territorio y la atención a las comunidades incomunicadas, el reto para las autoridades es avanzar de la respuesta inmediata a la recuperación de las vías, las viviendas y, especialmente, de la actividad productiva que sostiene a miles de familias en el Meta.
