La nueva administración de Inravisión anunció el desmonte de buena parte de la operación informativa heredada de RTVC y una revisión de contratos que supera los $100.000 millones. También pidió acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría.
El Sistema de Medios Públicos de Colombia entra en una nueva etapa. La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión, Ángela Mora, anunciaron una serie de medidas encaminadas a modificar la operación que heredó la entidad de la anterior administración de RTVC.
Entre las decisiones está el cierre de la franja informativa y de opinión que, según la nueva administración, llegó a ocupar buena parte de la capacidad humana y técnica del sistema. De acuerdo con el diagnóstico presentado, hasta el pasado 6 de agosto la operación periodística se extendía entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche y concentraba cerca del 90 % de los recursos y del personal disponible para estas actividades.
El nuevo enfoque busca que el sistema deje de estar concentrado en la producción informativa y recupere una programación con mayor peso en cultura, educación y arte, además de contenidos que reflejen la diversidad de las regiones y permitan la participación de distintas voces del país.
La administración también anunció una revisión de los contenidos que actualmente están al aire, bajo criterios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor periodístico e interés público.
Revisarán más de 1.000 contratos
Uno de los puntos que genera mayor atención es la revisión de la contratación de la entidad.
Según las cifras entregadas por la nueva administración, durante 2026 se han suscrito más de 1.051 contratos por un valor superior a los $100.000 millones.
Además, entre el 6 y el 7 de agosto, es decir, durante los primeros días del nuevo gobierno, se habrían firmado 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.
La revisión incluirá contratos de prestación de servicios, convenios interadministrativos con ministerios y otras entidades nacionales, así como proyectos relacionados con producción audiovisual, radio y monitoreo de medios.
También serán examinados contratos relacionados con mantenimiento y operación de la red, logística y transporte aéreo y terrestre. La nueva administración señala que algunos de estos contratos habrían registrado incrementos superiores al 100 % frente a sus valores iniciales.
Procuraduría y Contraloría entrarán a revisar
Inravisión anunció que solicitará formalmente el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar el estado contractual y presupuestal de la entidad.
La revisión contempla posibles incumplimientos en procesos de legalización y ejecución contractual, entre otros aspectos.
La administración aclara que serán los organismos de control los encargados de determinar si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza.
Por ahora, las denuncias o señalamientos planteados por la nueva dirección corresponden a una revisión inicial de la situación encontrada y no constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidades.
Del aparato informativo a los medios públicos
El cambio anunciado supone una modificación importante en la concepción del Sistema de Medios Públicos. La nueva administración plantea que la radio, la televisión y las plataformas digitales estatales deben tener como prioridad el servicio a la ciudadanía y no convertirse en herramientas al servicio de intereses políticos.
La apuesta es devolverle mayor protagonismo a contenidos culturales, educativos y regionales, al tiempo que se revisa la estructura administrativa, contractual y editorial recibida.
El proceso comenzó formalmente el 7 de agosto de 2026, aunque la entidad mantiene una programación especial para acompañar a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, en cumplimiento de su función social durante situaciones de emergencia.
El reto para la nueva administración será convertir los anuncios en cambios verificables y, al mismo tiempo, garantizar que la transformación del sistema no implique simplemente sustituir un enfoque político por otro.
La discusión de fondo queda planteada: que los medios públicos sean realmente públicos, independientes y plurales, y que sus recursos estén destinados prioritariamente a cumplir esa misión.
