En un hecho que evidencia el alcance de las decisiones judiciales frente al incumplimiento de órdenes de tutela, el director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman Ortiz, y la secretaria general de la entidad, Ángela Lorena Ortiz Rosero, fueron sancionados con arresto por desacato.

De acuerdo con un documento oficial de la Policía Nacional, ambos funcionarios cumplieron una sanción de cinco días de arresto, ordenada por el Juzgado Cincuenta Laboral del Circuito de Bogotá dentro de un incidente de desacato derivado de una acción de tutela.

La medida fue adoptada tras una providencia del 5 de marzo de 2026, en la que el despacho judicial determinó que los funcionarios incumplieron una orden previa, lo que derivó en la sanción privativa de la libertad. La decisión fue posteriormente confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Según el informe, el arresto se hizo efectivo desde el domingo 29 de marzo a las 5:52 p.m. y se cumplió en las instalaciones de la Escuela Nacional de Carabineros “Alfonso López Pumarejo” (ESCAR), en Bogotá, donde —según la Policía— se garantizaron condiciones adecuadas de seguridad e infraestructura durante el tiempo de la sanción.

El proceso fue promovido por la senadora Paloma Valencia Laserna contra la Agencia Nacional de Tierras, en el marco de una acción de tutela cuyo contenido específico no se detalla en el documento.

Hasta el momento, ni la Agencia Nacional de Tierras ni los funcionarios implicados han emitido pronunciamientos oficiales frente a esta decisión judicial.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad de los funcionarios públicos en el cumplimiento de órdenes judiciales y las consecuencias legales que pueden derivarse de su incumplimiento.