La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá profirió sentencia condenatoria contra tres exintegrantes de las extintas Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV), por su responsabilidad en una serie de crímenes de extrema gravedad cometidos contra niñas y mujeres en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.
Los condenados son José Baldomero Linares Moreno, Rafael Salgado Merchán y José Delfín Villalobos Jiménez, desmovilizados de esta estructura paramilitar. De acuerdo con la decisión judicial, los hechos hacen parte de 38 casos documentados que evidencian un patrón sistemático de violencia basada en género, calificado como delitos de lesa humanidad y violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Según el fallo, las víctimas fueron secuestradas y sometidas a múltiples formas de violencia, entre ellas acceso carnal violento, esclavitud sexual, prostitución forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes, así como trata de personas. Los crímenes ocurrieron principalmente en el sector conocido como Alto Neblinas, donde las mujeres fueron retenidas contra su voluntad y sometidas a agresiones físicas y sexuales.
La investigación también estableció prácticas de control y sometimiento que buscaban anular la autonomía de las víctimas, incluyendo la imposición de trabajos forzados y condiciones indignas durante su cautiverio. En varios casos, las mujeres fueron obligadas a enfrentar estas situaciones sin condiciones mínimas de dignidad, incluso en aspectos básicos de su salud e higiene.
La sentencia reconoce un total de 58 víctimas, entre 39 directas y 19 indirectas, y establece medidas de reparación integral que ascienden a 6.205 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a más de 10.864 millones de pesos.
Estos hechos fueron atribuidos a la estructura criminal de las ACMV, organización que operó en la región bajo el mando de José Baldomero Linares Moreno, alias “Guillermo Torres”, quien falleció en enero de este año.
La Sala de Justicia y Paz señaló que los crímenes documentados reflejan un ejercicio sistemático de violencia contra mujeres en el marco del conflicto armado, y constituyen una grave vulneración de sus derechos fundamentales, dejando en evidencia las dinámicas de sometimiento y control impuestas por este grupo armado ilegal en el territorio.
La decisión judicial marca un nuevo avance en los procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto en el departamento del Meta.
La sentencia reconoce un total de 58 víctimas, entre 39 directas y 19 indirectas, y establece medidas de reparación integral que ascienden a 6.205 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a más de 10.864 millones de pesos.
Estos hechos fueron atribuidos a la estructura criminal de las ACMV, organización que operó en la región bajo el mando de José Baldomero Linares Moreno, alias “Guillermo Torres”, quien falleció en enero de este año.
La Sala de Justicia y Paz señaló que los crímenes documentados reflejan un ejercicio sistemático de violencia contra mujeres en el marco del conflicto armado, y constituyen una grave vulneración de sus derechos fundamentales, dejando en evidencia las dinámicas de sometimiento y control impuestas por este grupo armado ilegal en el territorio.
La decisión judicial marca un nuevo avance en los procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto en el departamento del Meta.
