La justicia ratificó la sanción impuesta contra Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por desacato a una orden judicial emitida dentro de una acción de tutela promovida por la senadora Paloma Valencia Laserna.

La decisión también cobija a la secretaria general de la entidad, Ángela Lorena Ortiz Rosero. Ambos funcionarios fueron sancionados con cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, luego de que el despacho judicial concluyera que no se cumplió oportunamente una orden relacionada con la respuesta a un derecho de petición.

El caso se remonta a una solicitud de información presentada por la congresista el 20 de noviembre de 2025, en la que pedía detalles sobre la compra del predio Peñasgordas, ubicado en el municipio de Dagua, Valle del Cauca.

Posteriormente, el 16 de diciembre de ese año, el Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá concedió la tutela y ordenó a la ANT responder de fondo el requerimiento en un plazo máximo de 48 horas.

De acuerdo con el expediente judicial, la respuesta no fue acreditada dentro del término establecido. Ante esa situación, el juzgado inició un incidente de desacato para verificar el cumplimiento de la orden.

Durante el trámite, el despacho requirió en varias oportunidades a los directivos de la entidad para que informaran si habían acatado el fallo. Sin embargo, según la decisión judicial, no se allegaron pruebas que demostraran el cumplimiento dentro del plazo fijado.

La sanción fue revisada posteriormente por el Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la medida adoptada en primera instancia, dejando en firme el arresto y la multa.

Ahora el expediente regresó al juzgado que conoció inicialmente el caso, el cual deberá adelantar las actuaciones necesarias para hacer efectiva la sanción. Además, el despacho ordenó enviar copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe si hubo una posible conducta relacionada con fraude a resolución judicial.

Por su parte, Harman ha señalado públicamente que la entidad sí emitió respuesta al derecho de petición, aunque aseguró que esta se produjo con posterioridad al plazo fijado por el juzgado.