La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración del alcalde César Pérez en Puerto Gaitán, Meta, tras detectar presuntas irregularidades administrativas, contractuales y ambientales en proyectos que superan los 20 mil millones de pesos.

Según el organismo de control, existen anomalías en los procesos de licitación y en la tramitación de por lo menos seis contratos estratégicos, relacionados con centros culturales, sistemas solares, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. También se investigará el presunto incumplimiento de las autorizaciones ambientales de Cormacarena y la correcta administración de los recursos del Fondo Sierra Nevada, destinados a obras de infraestructura.

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Pero las dudas sobre la gestión no terminan ahí. Mientras la Procuraduría avanza en revisar el uso de los recursos públicos, la administración de César Pérez arranca el año gastando miles de millones de pesos en festivales, incluyendo la contratación de artistas cuyo valor individual —según se ha conocido— supera el millón de dólares. Un gasto que causa indignación entre varios sectores, especialmente porque ningún organismo de control se ha pronunciado aún sobre estas decisiones presupuestales.

La paradoja es evidente: mientras se destinan sumas multimillonarias a espectáculos y celebraciones, Puerto Gaitán sigue sin garantizar necesidades básicas esenciales, en especial en el sector rural. Las vías permanecen en grave deterioro, los servicios públicos no llegan de manera adecuada, y las comunidades indígenas continúan enfrentando profundas carencias en salud, infraestructura y atención estatal.

La investigación disciplinaria busca esclarecer si hubo falta de transparencia en los procesos contractuales, si los proyectos contaban con los permisos ambientales previos obligatorios y si la gestión de los recursos fue íntegra y sin desviaciones. La Procuraduría también deberá determinar si existen causales que excluyan responsabilidad o si, por el contrario, hay mérito para avanzar hacia sanciones disciplinarias.