Análisis | El gas de los Llanos: entre la normativa, la oferta limitada y el riesgo de una crisis regional
Foto: generada con Gemini IA
Por: Redacción Desdeelcerro
La advertencia de las gobernaciones de Meta y Casanare sobre un posible desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV) a partir del 1 de diciembre volvió a encender las alarmas en la región. Aunque estos departamentos son responsables de cerca del 65 % de la producción nacional de gas, sus operadores quedaron por fuera de las más recientes asignaciones realizadas por Ecopetrol, lo que podría desatar una cadena de impactos en movilidad, salud pública y economía regional.
El origen de la controversia está en la más reciente ronda de comercialización de gas natural. Los operadores de Meta y Casanare solicitaron cupos con punto de entrega en Cusiana, pero no resultaron adjudicatarios, a pesar de que el consumo de GNV en la región representa apenas el 0,72 % de la demanda esencial del interior del país.
Mientras los mandatarios reclaman un trato preferente para los Llanos, Ecopetrol sostiene que ha cumplido estrictamente con la normativa vigente. La empresa asegura que entre enero y septiembre adelantó múltiples procesos públicos de venta, incluyendo gas firme de largo plazo e incluso gas importado, y que gracias a ello hoy existe cobertura del 100 % para hogares y pequeños comercios en Meta y Casanare.
La regulación prioriza la demanda residencial sobre el GNV
Aunque el GNV es clasificado como demanda esencial, la regulación energética establece una jerarquía de atención cuando la oferta es limitada:
1- Estaciones de compresión del Sistema Nacional de Transporte.
2- Usuarios residenciales y comerciales.
3 – Gas natural vehicular.
4 – Industria y generación térmica.
Ecopetrol argumenta que, en este contexto, la priorización se aplicó siguiendo el Decreto 1073 de 2015 y la Resolución CREG 102 015 de 2025, lo que explica por qué la cobertura del GNV no fue asegurada en esta etapa.
Impactos potenciales: movilidad, residuos y precios
La preocupación de los departamentos no es menor. Más de 10.700 vehículos registrados en SICOM operan con GNV en Meta y Casanare, incluyendo una parte significativa del transporte público y más del 50 % de los compactadores de basura. Un corte en el suministro podría generar emergencias sanitarias y afectaciones económicas considerables.
Además, el precio para los consumidores podría aumentar cerca de un 50 %, pasando de $3.700 a $5.500 por metro cúbico, si los distribuidores se ven obligados a recurrir al mercado secundario o al gas importado.
Una discusión que va más allá del suministro
Aunque Ecopetrol enfatiza que ha cumplido con los procesos regulatorios, este episodio pone sobre la mesa una discusión más profunda: ¿cómo es posible que la región que produce la mayor parte del gas del país quede sin suministro para un sector esencial como el transporte?
La respuesta combina varios factores: un marco regulatorio diseñado para priorizar la demanda del centro del país, una oferta nacional limitada que no ha crecido al ritmo de la demanda y la falta de infraestructura que permita diversificar fuentes de suministro en los Llanos.
Tanto las gobernaciones como los operadores vienen alertando desde comienzos de 2025 sobre esta situación, pero hasta ahora no se han adoptado medidas estructurales que garanticen un abastecimiento estable para el GNV regional.
Lo que hoy parece un problema técnico de asignación de cupos es, en realidad, una tensión histórica entre una región productora y un modelo energético centralizado. Si no se toman medidas de fondo —como ampliar la oferta nacional, revisar los criterios de priorización o fortalecer la infraestructura local—, Meta y Casanare podrían enfrentar, paradójicamente, un escenario de escasez en medio de la abundancia.
